Los del Grupo Coordinador del Foro Cívico ejercemos nuestro derecho a réplica ante el artículo de opinión del Dr. Asdrúbal Aguiar, publicado en el portal de NTN24 que lleva por título “La radicalidad del bien, en Machado”. 2y5wi
Quienes suscribimos, reunidos en el Foro Cívico, ejercemos nuestro derecho a réplica con base en el artículo 58 de la Constitución, para aclarar las falsedades e inexactitudes que allí se expresan con respecto a este espacio de encuentro y articulación social, de modo que tanto ese medio como sus lectores puedan conocer nuestra versión de los hechos. Debemos subrayar que el Dr. Aguiar nunca se ha puesto en o con nosotros para informarse debidamente sobre ninguna de las afirmaciones que ofrece en dicho artículo.
El artículo recurre a ficciones verdaderamente increíbles -tanto que parece seguir aquel decálogo clásico de la propaganda que instruye que la eficacia de una mentira es proporcional a su inverosimilitud. Se afirma que el Foro Cívico cumplió una gira institucional para abogar “que se le levanten las sanciones a Maduro; que olvidemos el 28 de julio y dejemos de lado a los ‘radicales’ (más de 80% de los venezolanos) para que haya entendimiento, entre todos léase, entre ellos”. Tras una secuencia de frases irrespetuosas que no vamos a reproducir, termina el autor afirmando que la del Foro Cívico fue una “misión de lesa traición a los venezolanos”.
Creemos que esta última imputación es de las más graves que se le pueden hacer a un venezolano y expresamos en primer lugar nuestra indignación por la irresponsabilidad y arrogancia que ella significa. Es sorprendente y lamentable que, en un momento tan crítico y terrible de nuestra historia política, el esfuerzo se concentre en destruir reputaciones, levantar barreras, e inventar nuevos conflictos, involucrando al Foro Cívico sin haber tenido siquiera la curiosidad de indagar acerca de ese espacio, quiénes lo integran y de lo que allí se hace. En ese esfuerzo se nos asocia -a mucha honra- mediante ofensas comunes con la representante en Venezuela de la Unión Europea, el Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, con “una parte” de Fedecámaras, y hasta parece comparársenos con Su Santidad el Papa, cuya imagen también pretende degradarse ante los venezolanos.
El Foro Cívico es un espacio autónomo de encuentro, articulación y acción, de personas y organizaciones de distintos campos de la vida nacional comprometidas con la transformación del conflicto por medios pacíficos y democráticos. Conformado en el año 2020, tras un proceso de diálogo social que se inició en el año 2017, y desde el cual se ha trabajado en la recuperación de los derechos fundamentales de los venezolanos; no solo documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, sino también bregando en todo espacio posible por la construcción de acuerdos para la atención urgente de las necesidades de los millones de venezolanos despojados de sus más elementales derechos económicos y sociales, así como por la recuperación de sus derechos civiles y políticos.
Con este fin, entre otras acciones, del Foro Cívico propusieron en 2019, desde el Diálogo Social, el Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico. En el año 2021, tras la fundación del Foro Cívico, participaron en el acuerdo para el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral, contribuyendo así recuperar las condiciones para la ruta electoral que los venezolanos abrazaron; trabajaron, junto a otros actores sociales y políticos, en los entes multilaterales para lograr el envío de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea, el Centro Carter y el de Expertos Electorales de Naciones Unidas. Participaron también, representados por la Academia Nacional de Medicina y las Sociedades Científicas, en la Mesa de Vacunación Covid19, contribuyendo a la edificación de acuerdos institucionales para la adquisición de vacunas que de otro modo no habrían llegado al país. El Foro Cívico apoya y acompaña la participación de Fedecámaras y La Central de Trabajadores ASI Venezuela en el Foro de Diálogo Social por mandato de la Organización Internacional del Trabajo para la recuperación de los derechos de los trabajadores y ha mantenido un monitoreo e incidencia permanente en el Mecanismo de Negociación impulsado por el Reino de Noruega, haciendo aportes para la construcción del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo de Venezuela y el conjunto de acuerdos logrados en este mecanismo.
Todo esto en permanente comunicación con todos los factores políticos nacionales y mediante un diálogo continuo con más de 600 líderes sociales en los 23 estados del país y la región capital, quienes han trabajado en la construcción de la Agenda Social y de Derechos (1).
El Foro Cívico efectivamente llevó adelante una gira que incluyó reuniones con autoridades de la Unión Europea y la COLAC en Bruselas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado Español, la Coordinación de la Representación Institucional Internacional del Alcalde, representante del Departamento de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Español en Madrid, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra y la Dirección para Latinoamérica y el Caribe de la Cancillería Italiana en Roma, además de encuentros con académicos, periodistas, empresarios y de la sociedad civil española. El objetivo de esa gira, como está publicado en las redes sociales del Foro Cívico, fue presentar la “Agenda Social y de Derechos para la Construcción de un Acuerdo Democrático Nacional”. Con la cooperación de la Unión Europea, la experiencia consistió en un proceso de reflexión y trabajo cooperativo entre ciudadanos de y en los 23 estados del país y la región capital. Su contenido se definió sobre tres dimensiones de la vida pública: Institucionalidad, Participación y Derechos.
En síntesis, desde el diálogo emprendido con cerca de 600 líderes sociales se identificaron, entre otros aspectos, áreas de consenso y también de disenso entre una diversidad de ciudadanos, así como los temas prioritarios que preocupan a la mayoría de los venezolanos, los cuales presentamos a la Comunidad Internacional en nuestra reciente visita a Europa:
- El más urgente es la situación de la provisión de bienes públicos, especialmente el estado de emergencia de los sistemas de salud y educación, y de los servicios públicos básicos como la electricidad y el agua potable. Los bajos salarios, la ausencia de seguridad social y la preocupación por asegurar medios de vida.
- El mal funcionamiento y el exceso de poder del Estado: tanto por la falta de independencia de los poderes, la legalidad arbitraria, el abuso de poder, como por la ineficiencia, la corrupción, falta de democracia efectiva, centralización, politización de la función pública y la falta absoluta de información pública sobre la gestión de gobierno.
- La necesidad de organización cívica de la sociedad, pero también los obstáculos para la participación. Las limitaciones a la libertad de expresión, asociación y comunicación ciudadana, y la importancia de aumentar la contraloría ciudadana como un elemento fundamental para la transparencia en la gestión pública.
- La exigencia de derechos incumplidos o sin garantías (predominan los derechos humanos en general, pero los laborales y previsionales ocupan un lugar importante, como el salario mínimo digno, la seguridad social y las pensiones).
- Las problemáticas locales críticas que exigen acción por parte del Estado nacional, especialmente el tema indígena y minero, la emergencia humanitaria en regiones vulnerables como las zonas rurales y fronterizas, la seguridad territorial, el impacto ambiental y socioecológico del extractivismo. A lo cual se añade la importancia de recuperar la descentralización y la autonomía de las gestiones regionales.
En la coyuntura, nuestras visitas implicaron también intercambios de opinión acerca de la situación que atraviesa el país, lo que evidentemente incluye la elección presidencial y la proclamación de un candidato como presidente electo sin haber cumplido los extremos de ley, previstos en la Constitución y las leyes electorales, que exigen la publicación tabulada de los resultados mesa por mesa y, especialmente, la persecución y arbitraria privación de libertad de dirigentes y actores políticos opositores, y más grave aún de ciudadanos que participaron en el proceso electoral como de mesa, testigos o de cualquier otra manera, o ejercieron su derecho a la manifestación pacífica. En ese sentido, nuestro mensaje estuvo dirigido, en primer lugar, a abogar por acciones de la comunidad internacional que pongan a las personas en el centro de la acción, atendiendo las necesidades actuales y la escasa recolección de recursos realizada por el Fondo Humanitario de las Naciones Unidas, que, a la fecha, no alcanza el 20% de lo requerido.
Asimismo, demandamos sus buenos oficios para contribuir a la liberación de las personas privadas de libertad y al cese de las persecuciones políticas. En segundo lugar, urgimos a los actores internacionales a que, mediante la activación de todas las capacidades políticas y diplomáticas, colaboren en la búsqueda de vías pacíficas y democráticas para solucionar el conflicto político que nos agobia. Es verdaderamente asombroso que una persona que llegó a ocupar el cargo de Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de su libertad de expresión, se preste para descalificar y deshonrar un espacio de articulación y acción social, como es el caso del Foro Cívico, insistimos, sin siquiera haberse acercado a conocer quiénes se reúnen en él y, mucho menos, en qué consiste su trabajo. El Dr. Asdrúbal Aguiar es abogado, por lo que tiene plena consciencia de que los propios derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás.
En el caso particular de la libertad de expresión, quien la ejerce, debe tener presente la responsabilidad que ello acarrea y asumir las consecuencias de lo que se expresa.
La libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de una sociedad democrática, en el entendido de que, para que una democracia sea efectiva, es indispensable que las ideas y la información circulen libremente, de modo que quien deba decidir pueda hacerlo con pleno conocimiento de causa. En efecto, como se expresa en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referida a la Colegiación obligatoria de periodistas,
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
Usarla para mentir y manipular la opinión pública, más allá de dañar la honra y reputación de quienes así se ven afectados, daña uno de los pilares de la democracia, cuya reconstrucción, con mucho esfuerzo, perseguimos desde el Foro Cívico, como desde tantísimos otros espacios que hacen vida política y social en el país. Difundir informaciones falsas, opiniones maledicentes sin fundamento, lejos de contribuir con la construcción de una sociedad democrática, es un atentado contra la libertad; atentado que se agrava cuando esas actitudes lo que persiguen es, precisamente, coartar la libertad de expresión de otros.
El Foro Cívico seguirá trabajando en pos de la construcción de espacios para el entendimiento, incluyendo el necesario entre todos los que queremos democracia, libertades, respeto a los derechos, futuro digno. Quizás un día aquellos que hoy no quieren entenderse finalmente se encuentren por el bien de la nación y de los millones de venezolanos que hoy sufren las consecuencias del conflicto político. Los venezolanos clamamos por soluciones. Desde el Foro Cívico consideramos que estas soluciones solo podrán encontrarse mediante el diálogo genuino y una negociación efectiva que logre transformar el conflicto político existencial (de todo o nada) en un conflicto democrático, bajo reglas institucionales y constitucionales para la recuperación de la plena vigencia del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos.
